100.000 euros para la recuperación de 27 víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en Almoharín y Villamesías

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Se trata de una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a la Diputación de Cáceres para el desarrollo de actuaciones de búsqueda, localización y exhumación.
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El presidente de la Institución Provincial ha insistido en que con estas políticas públicas el Gobierno de España deja claro su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la igualdad de toda la ciudadanía.
17/06/2025.- “Es un deber moral, un imperativo moral de las instituciones descubrir toda esa gente que está enterrada en las cunetas, en los caminos, y ofrecerles la posibilidad a sus familias de poder, de alguna manera, despedirlos”. Con estas palabras, la alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina, ha definido la importancia de las actuaciones que se llevarán a cabo en las inmediaciones de la carretera N-V, entre Almoharín y Santa Amalia, concretamente en el camino de Arroyo Molino, para la localización de vecinos de este municipio víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, en el marco de la subvención nominativa que ha recibido la Diputación de Cáceres por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Sobre esta ayuda, que asciende a 100.000 euros, ha informado en rueda de prensa el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la directora general de Memoria Histórica del Gobierno de España, Zoraida Hijosa, en la que han explicado que además de Almoharín, esta inversión irá destinada a la investigación, localización y sondeos en el cementerio municipal de Villamesías, donde podrían hallarse entre 15-17 cuerpos pertenecientes a soldados muertos en una batalla que se produjo en ese término municipal y a algún vecino de la localidad.
Cada proyecto recibirá 50.000 euros para llevar a cabo las citadas actuaciones, que se extenderán durante un año. Está previsto que las licitaciones se publiquen en breve para que la empresa adjudicataria pueda iniciar de inmediato con los trabajos.
En su intervención, Morales ha destacado la apuesta del Gobierno de España por “la verdad, justicia y reparación y, sobre todo, por hacer más fuerte al Estado de Derecho. Cuando investigamos y cuando conseguimos reconciliar a todas las partes y conseguimos que víctimas que fueron vilipendiadas, asesinadas y que sus familias fueron humilladas durante una dictadura fascista de cuarenta años, pues que el Estado de Derecho invierta y trabaje en estos temas, creo que, al final, lo que hacemos es fortalecer el Estado de Derecho y la igualdad de todos los ciudadanos”. Y ha añadido que “igual que estamos profundamente solidarizados y apoyamos desde todas las instituciones públicas a aquellos que fueron asesinados en la democracia por la violencia terrorista, también la violencia fascista y la dictadura dejó una secuela de asesinatos y de represión que el Estado de Derecho tiene que, de alguna manera, reparar, si es posible, o que se sepa la verdad y haya justicia”.
El presidente de la Diputación Provincial se ha pronunciado, una vez más, contra las derogaciones de leyes de Memoria Histórica y Democrática o su sustitución por Leyes de Concordia “hay una diferencia entre los gobiernos que reconcilian y que fortalecen el Estado de Derecho y otros que por motivos políticos o por motivos de coyuntura de gobernar con más comodidad o menos comodidad, pues inventan leyes mal llamadas de concordia, porque eso no es ninguna concordia, sino de enfrentamiento entre unos y otros”.
A ello se ha sumado la Directora General, “la ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura es una ley que no debe derogarse, estas leyes que dan un paso atrás realmente lo que hacen no es concordia. Vamos a defender esta ley que tan bien ha funcionado durante estos años y tanto trabajo nos ha permitido hacer”. En ese sentido, de aprobarse la derogación de la Ley de Memoria Histórica extremeña, ha avanzado Hijosa, el Gobierno de España la recurrirá al Tribunal Constitucional al igual que ha hecho con Aragón y Cantabria “porque supone un retroceso en materia de defensa de los derechos humanos”.
Zoraida Hijosa ha agradecido el trabajo que realiza la Diputación de Cáceres en materia de memoria histórica y dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo y ha anunciado que la Institución Provincial volverá a ser beneficiaria este año de nuevas ayudas para seguir trabajando en proyectos de Memoria Histórica y Democrática. En ese sentido, ha informado que Extremadura ha recibido 1.400.000 euros en el marco del I Plan de Exhumaciones del Gobierno de España, que va desde 2020 a 2024, financiación que ha permitido la exhumación de alrededor de 100 cuerpos de víctimas.
Un testimonio crucial para la recuperación de las víctimas
En la rueda de prensa también ha estado presente Pedro Díaz Muñoz, de 78 años, natural de Santa Amalia, una persona que ha vivido la represión en su propia familia y que ha dedicado muchos años de su vida a investigar y escuchar los testimonios de “nuestros mayores”. Su testimonio es un “baluarte fundamental” para la investigación, localización y exhumación de cuerpos en Almoharín y Villamesías, ha dicho Morales.
Gracias a los testimonios recogidos por él, entre otros, se pudieron recuperar cuerpos de víctimas en fosas comunes en la finca La Parrilla (2011) o Escurial (2009): “si mi padre no me hubiera dicho, ‘a mi cuñado lo mataron ahí en la finca La Parrilla’, si no hubiera tenido esa información, nunca hubiéramos encontrado la fosa en la que encontraron a 8 personas”. Y ha enfatizado en su investigación “de la memoria de edad”: “yo siempre he preguntado a nuestros mayores, que lo vivieron. Porque en el caso del fusilamiento de Almoharín, enterrados en el camino de Arroyo Molino, es que allí había un pastor que tenía puesto su ‘majá’ en el lugar de fusilamiento. Cuando yo investigué este caso, no lo investigué directamente con él porque ya había muerto, pero sí con su hijo, que me dijo ‘mi padre tenía la majá, tenía el ganado ahí. Cuando han llegado con ellos ahí, y ahí los fusilaron. Y a muchos de ellos no los remataron, y tuvo que estar aguantando el hombre los quejíos de los que quedaron heridos hasta que finalmente murieron’”.
Pedro ha indicado que ahora “que están empeñados en derogar la ley de Memoria Histórica me han entrado más ganas de seguir investigando. No, aquí no hay concordia. Yo no puedo estar de acuerdo con eso por muchas razones. Mi padre estuvo en el campo de concentración de Castuera. Tuvo una condena a muerte. Le iban a matar aquí en Mérida, que por último salvó el pellejo pero tuvo que exiliarse a Portugal. Y aún viniendo, le seguían denunciando para que le detuvieran y lo mataran”.