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Cordero: “Las administraciones locales han cumplido, así que hagamos un frente común para que el Gobierno nos escuche”

 
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23/02/2018, Cáceres.- “Se ha intentado negociar y el Gobierno central no nos ha hecho ni caso, así que no nos queda más remedio. Tenemos que hacer un frente común para exigir la flexibilización de unas leyes de 2013”. Con estas declaraciones, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha confirmado que se sumará al llamamiento hecho desde la Federación Española de Municipios y Provincias para este martes en Madrid, con el fin de estudiar la situación de las administraciones locales y provinciales.

   Más de 300 alcaldes y concejales de toda España, además de presidentes de diputaciones, cabildos y consejos insulares se espera que asistan a esta reunión para abordar y debatir las limitaciones económicas que impone el Gobierno central a las administraciones locales y provinciales, limitaciones que vienen de “una desafortunada ley del Gobierno de España”, tal como la ha definido el presidente de la FEMP, Abel Caballero, “que impide a los gobiernos locales la reinversión de su superávit en actuaciones dirigidas a los ciudadanos”. Con esta reunión, la FEMP quiere agilizar la toma de decisiones porque, continúa Abel Caballero, “o conseguimos un Decreto Ley inmediato o no tendremos tiempo de dedicar de forma efectiva nuestros remanentes a políticas sociales o de empleo, proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

   Ante este llamamiento, la presidenta de la Diputación de Cáceres se ha mostrado firme porque “las administraciones locales hemos cumplido, se ha bajado el endeudamiento y hay más de 5.000 millones de euros en los bancos de sus remanentes, que no pueden invertir en los ciudadanos. Es necesario, por tanto, que exijamos flexibilizar esa ley que viene de 2013, y que ya ha cumplido sus objetivos”.

   Cordero asegura que un gran número de ayuntamientos de la provincia de Cáceres se dirige a los servicios de la Diputación preguntando “cómo pueden gastar el superávit haciendo políticas para sus vecinos”, una situación “que no entendemos los alcaldes y mucho menos los ciudadanos; a ver cómo se les explica que tenemos dinero pero que no podemos invertirlo en sus necesidades”, concluye.

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